La Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de la Comunidad de Madrid, en España, precisó, tras una investigación sobre las personas que murieron en 2020 en tiempos de pandemia, que dicho hecho podía haberse evitado.

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“Murieron en marzo y abril de 2020 miles de personas cuya muerte podía haberse evitado con una prevención y una atención sanitaria adecuada”, ratificó dicha comisión.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, quien encabeza la comisión, expuso en el informe publicado que en aquellos dos meses murieron 9.470 personas que vivían en las residencias de Madrid: 7.291 en las residencias sin atención hospitalaria y 2.179 en el hospital.

En el documento emitido se denuncia la existencia de protocolos de la Comunidad de Madrid que impedían la derivación de residentes enfermos a los hospitales y de no ser por esta medida “más de 4.000 personas podrían haber salvado su vida”,

“El dato se justifica porque la tasa de supervivencia de las personas derivada era del 65 por ciento, lo que se aplica a las 7.291 personas que murieron en residencias sin ser derivadas”, puntualizó por su parte la plataforma española Rtve.

El estudio mostró que “el Gobierno de la Comunidad de Madrid restringió drásticamente las derivaciones de pacientes desde las residencias a los hospitales” y utilizó “criterios discriminatorios como el lugar de residencia, discapacidad física o deterioro cognitivo”.

Dicha situación “supuso una discriminación en el derecho a la atención sanitaria y una vulneración del derecho a la vida”, mientras que el informe señala además que sí que se atendió a los mayores que tenían seguro privado.

“Se aplicó un triaje masivo e indiscriminado, encubierto con la existencia de unos geriatras de enlace que, en realidad, no pudieron materialmente atender de forma personalizada cada una de las solicitudes de derivación”, dijeron.

Por su parte, la plataforma Marea de Residencias, quien forma parte la investigación puntualizó que presentó más de 300 querellas para exigir responsabilidades, muchas de las cuales han sido archivadas, aunque más de 100 siguen en juzgados de instrucción o de primera instancia y más de 60 están en el Tribunal Constitucional.

Desde el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia, el profesor Fernando Flores Flores también ha corroborado que el estudio indica “dos tipos de responsabilidades: políticas y otras que tienen que establecerse por vía judicial”.

La plataforma Público refiere que el estudio apunta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, ya que fue en este contexto donde se tomaron las decisiones políticas determinantes en el fallecimiento de los 7.291 residentes.

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